La Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del Concejo Deliberante, presidida por Nicolás Piloni (HUxC), recibió hoy aportes de funcionarios del Departamento Ejecutivo al debate abierto para modificar el Estatuto del Empleado Municipal en lo referente a antecedentes personales de los agentes, causales de cesantía y requisitos exigidos para el ingreso y permanencia laboral en la administración pública.
El secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, explicó que la intención del intendente Daniel Passerini es revisar la normativa y hacer los cambios necesarios en los controles administrativos pertinentes para el ingreso de personal.
“El objetivo es advertir temprano si hay agentes que pueden implicar un riesgo y tomar conocimiento en tiempo y forma de sus antecedentes. Pero tenemos que decidir con racionalidad y lejos del estrépito”, aclaró el funcionario.
Lorenzatti insistió en que el acusado por el femicidio de Agostina Vega “nunca fue empleado municipal” y que en su caso solo hubo una resolución para pasarlo a condición de contratado junto a otras nueve 9 personas, si cumplía determinadas condiciones y exigencias. Relató que pocos días después de firmada esa resolución se produjo el tremendo hecho, con lo cual nunca llegó a ser contratado, sino sólo becario. También se dio de baja a otros becarios a través de distintas resoluciones administrativas por no cumplir con los requisitos exigidos.
El funcionario también especificó que desde 2024, todos los becarios que tiene el municipio deben presentar su foja de antecedentes penales limpia y tampoco figurar en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual. Quien no cumple esos requisitos no entra o se da de baja en el acto.
Por otra parte, Lorenzatti puso el foco en que un agente puede tener certificados limpios, pero nadie sabe, ni puede prever que esa situación cambie con la comisión de un delito, con lo cual lo principal pasa a ser cómo el municipio toma conocimiento de tal hecho y obtener la información actualizada sin avasallar garantías constitucionales.
Por eso el proyecto del Ejecutivo propone que la actualización de antecedentes sea cada seis meses, además de incluir también exámenes que acrediten el no consumo de drogas psicotrópicas ilegales.
Otros proyectos, de la oposición, sugieren que la actualización sea anual, e incluso que esa obligación no quede en manos de cada trabajador, sino que sea el municipio quien cruce datos con la Justicia y verifique cada situación.
“En este caso, nunca supimos que tenía otro antecedente penal de 2025”, insistió Lorenzatti. En ese punto, dijo que fallaron los funcionarios que debían controlar y que por eso el intendente pidió la renuncia de todos los involucrados en la dependencia.
“Passerini es una persona de bien, no protegió a nadie. Asumimos la responsabilidad por el error y echamos a quienes se equivocaron. Ahora hay que mejorar hacia adelante, porque el compromiso de esta gestión es hacer las cosas bien”, completó.
Desde la oposición cuestionaron que no se haya dado respuesta rápida a funcionarios de segunda línea que advirtieron sobre la situación legal del acusado y también evaluaron que ese empleado ya acreditaba tareas en el municipio desde 2021.
Los proyectos en debate seguirán en estudio.