En menos de 18 meses, las mediciones y sondeos de opinión pública revelan un panorama desolador: una sociedad desorientada, confundida y quebrada, carente de expectativas. Esta situación pone de manifiesto la crisis de representatividad política que estamos viviendo. La oposición parece carecer de audiencia en un contexto donde los ciudadanos son usuarios de múltiples plataformas, redes y medios, expuestos a un sinfín de sesgos. Nos encontramos en un mundo donde somos tanto consumidores como prosumidores de una red de información ininterrumpida, donde Twitter se ha convertido en el epicentro del compartir, viralizar y jugar en comunidad a la arena política y al show mediático.
Mientras tanto, en el ámbito terrenal y social, queda expuesta la agenda de abordar las necesidades reales de la sociedad. La compleja crisis actual se manifiesta bajo un régimen de Gobierno Neoliberal que ha despojado al Estado de sus dispositivos humanos en el territorio y en todas sus políticas y programas. Tal vez las respuestas siempre estuvieron frente a nuestros sentidos: un gesto cálido, un abrazo empático, la posibilidad de trazar un proyecto común y encontrarnos como comunidad de personas. Es esencial asociarnos para convivir pacíficamente en nuestras comunidades, regiones y ciudades, todo dentro de un marco institucional que respete las bases de la democracia. Esto implica convivir con la diversidad cultural, con diferentes formas de pensar, sentir, opinar y ser, construyendo identidad y bienestar colectivo.
La historia y la memoria son construcciones diarias, tejidas a través de crónicas, relatos, testimonios y la transmisión de valores, principios, costumbres y hábitos. No podemos olvidar que la historia no pertenece únicamente a quien la escribe; es tanto el medio como el fin, así como la crítica y la reflexión que debemos profundizar como ciudadanos. Debemos cuidar las palabras, las formas, los modos y la semiótica del lenguaje. Sin dejar de lado el debate en el seno de las organizaciones de la sociedad civil, es crucial registrar el tiempo y las efemérides para estudiar y comprender nuestra realidad, no como un producto de conflictos que tomen la agenda pública o mediática, sino como un ejercicio de responsabilidad ciudadana.
El Ejecutivo Nacional busca generar una agenda continua en este complejo escenario social, político y económico. En esta crisis permanente radica la estrategia de acción del Gobierno Nacional: mantener el orden mediante operativos que oprimen, restringen y generan inacción, reflejando una politización constante. Podríamos comparar esta situación con el clásico cuento de «Blancanieves y los siete enanitos»: “Espejo, espejito, ¿quién es el mejor Gobierno de la Historia?” Esta demagogia sin precedentes, ajena a resultados de gestión en áreas fundamentales como la industria, la educación y la salud, deja al descubierto datos alarmantes sobre la pobreza, la caída del consumo y la pérdida del salario real frente al costo de vida.
De izquierda a derecha, se plasmaron videos conmemorativos de un día muy especial en la historia institucional del Pueblo Argentino. Este interés individual por contar la historia del proceso oscuro del Gobierno dictatorial que comenzó el 24 de marzo de 1976 no puede ser ignorado. La persecución, la tortura y la sistemática desaparición de personas son hechos que marcaron un periodo en el que se aniquilaron manifestaciones de ideologías, cultura y expresión. Reivindicar la lucha en ese contexto sigue viva en la memoria colectiva, en la búsqueda de verdad y justicia.
Surge la pregunta: ¿Estamos acercándonos al fin de las ideologías con la fusión y debilitamiento de las estructuras tradicionales de los Partidos Políticos, y el consenso entre diversas fuerzas políticas en la gobernabilidad de muchos municipios y provincias? Las estructuras políticas parecen migrar hacia nuevos fenómenos como “La Libertad Avanza”, mientras se disipan liderazgos en el PRO y otros partidos. Un ejemplo es el Partido Cordobés, liderado por Martín Llaryora, que integra a diversas fuerzas políticas dentro de un modelo de Gestión Público-Privada que lleva más de dos décadas gobernando la provincia de Córdoba.
Desde una mirada sociológica y parafraseando a Daniel Bell en su libro «El Fin de las Ideologías», observamos cómo se relacionan la democracia y el capitalismo, en un lazo recíproco que justifica quién ejerce el poder coercitivo, administrativo y burocrático. Este fenómeno se manifiesta en el hecho de que los intereses económicos en el mercado son principalmente representados por los grandes empresarios en los partidos políticos, actuando como mediadores en la disputa por los intereses de la sociedad.
Lo que resulta preocupante en el contexto actual son los hallazgos del escenario actual, un panorama preocupante, reflejado en los resultados obtenidos a través de muestras de «focus group». Los resultados, evidencian una creciente tensión que experimentan los distintos actores de la sociedad, poniendo de manifiesto el incremento de la violencia que permea el tejido social. Esta realidad puede interpretarse, en gran parte, como consecuencia del comportamiento de un Gobierno Nacional caracterizado por su falta de tolerancia y un discurso, disruptivo y brutalista, que ha cruzado fronteras inaceptables. Un Presidente que no solo insulta y menosprecia a las personas y las instituciones, sino que también socava las relaciones públicas con organizaciones internacionales, comprometiendo tratados, principios y la propia columna vertebral del sistema jurídico interno.
Este gobierno ha optado por un camino que prioriza la gerencia de la liquidez de flujos de capital, buscando equilibrio fiscal a través de la restricción de la emisión monetaria, la desregulación económica, la apertura comercial de importaciones y la exención de aranceles para ciertos productos exportados. Su método de gestión de las finanzas públicas se traduce en la reducción del aparato de la Administración Pública Nacional (APN), afectando gravemente políticas públicas que benefician a sectores vulnerables, como la niñez y la adolescencia. Los recortes en medicamentos para jubilados, en beneficios para personas con discapacidad, así como en áreas críticas como salud pública y educación en todos sus niveles, marcan una tendencia alarmante hacia la desprotección social.
El costo de esta política es visible en la creciente marginalidad de una porción de la población Argentina, que se vuelve cada vez más vulnerable y carente de expectativas de mejora. Las condiciones demográficas, sociales y del aparato productivo del país no parecen estar alineadas con un plan de gobierno que se limita a administrar fondos y especular con la agenda del pueblo, perpetuando provocaciones constantes en lugar de fomentar un desarrollo inclusivo y equitativo. La necesidad de un cambio significativo que devuelva la dignidad y esperanza a estos sectores es más urgente que nunca.
Análisis Político
Lic. Bongiovanni Perna Mario
