En el inicio de su actividad legislativa anual, la Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad del Concejo Deliberante ratificó a sus autoridades para el período en curso: Mónica Rosales (HUxC) seguirá siendo presidenta; Angela Fischer (UCR), vicepresidenta; y Claudia Luján (UCR) secretaria.
Luego se trataron en conjunto los siguientes proyectos:
12070/C/25 CONCEJAL CASADO P/D EXPRESANDO REPUDIO A LA RESOLUCIÓN 187/2025 DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, QUE UTILIZA TÉRMINOS DISCRIMINATORIOS HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
12073/C/25 CONCEJALA ZARAZAGA P/D EXPRESANDO REPUDIO A LA RESOLUCIÓN 187/2025 DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, QUE UTILIZA TERMINOLOGÍA OFENSIVA HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
12075/C/25 CONCEJALA ROSALES P/D EXPRESANDO PREOCUPACIÓN Y RECHAZO A LA RESOLUCIÓN 187/2025 DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD POR SER DISCRIMINATORIA Y ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Lo que se analizó es la reciente reposición, por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y con la firma de su director ejecutivo Diego Sapagnuolo, de un baremo referido a niveles de discapacidad intelectual que reincorpora términos y valoraciones anacrónicos, tales como “estúpido”, “débil mental” o “idiota”, a la hora de determinar si a una persona le corresponde o no acceder a una pensión no contributiva.
El concejal Diego Casado (HUxC) defendió su proyecto señalando que “más allá de cualquier ideología política, es lamentable que se utilicen términos tan desagradables hacia personas con discapacidad. Sin ánimo de ofender a quienes sean mileistas, estamos ante un personaje que les falta el respeto a los jubilados, a los medios que piensan distinto, a los jóvenes. Usa terminología violenta y genera más violencia”, advirtió.
Luego intervino la Lic. en Psicología María Belén Frías, integrante de Fundación Arkho y de la Red de Vida Independiente Córdoba (ReViC), y representante en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) por las organizaciones de la sociedad civil de Córdoba.
La especialista precisó que los términos indicados en el baremo “utilizan categorías vigentes en 1900, de cuando el paradigma para la discapacidad era la eugenesia, que buscaba la mejora de raza humana mediante la selección genética y la eliminación de lo indeseable. La discapacidad era una carga y se la sometía a la exclusión y la institucionalización forzosa”, explicó.
Agregó que desde la propia Andis reconocieron que se trató de un error y que anunciaron a través de una placa de Instagram que lo iban a salvar. “Pero eso nunca ocurrió”, dijo Frías.
Por el contrario, comentó que actualmente se están haciendo en varias provincias revisiones sobre las pensiones contributivas, en las que sus beneficiarios son citados a evaluación. “Imaginensé, hay personas que están siendo evaluadas bajo esos conceptos y quedan señaladas como ´estúpido´ o ´idiota´”, sostuvo.
También consideró muy grave que ese baremo haya pasado diferentes instancias administrativas y técnico-legales en la Andis, sin que nadie lo haya rechazado. “Desde 2013 el concepto de débil mental no se usa en toda la psiquiatría. Hasta los médicos se niegan a firmar esas categorizaciones”, indicó.
Frías advirtió que pronto las auditorías sobre prensiones llegarán también a Córdoba y mencionó que el problema no será solo el contenido del baremo, sino que muchas personas ni siquiera se enteran de las citaciones, y que en tal caso, si no se presentan, automáticamente pierden la pensión.
Por su parte, Andrea Cañas, de la organización Familias Cea, interpretó que el baremo cuestionado “va en sintonía con una bajada de línea permanente del Gobierno nacional, expresando violencia. Acá hay una intención política, no podemos ser ingenuos. No fue un ´copie y pegue´ que se les pasó. La violencia está presente todo el tiempo, hacia los jubilados, hacia la diversidad. Es un bombardeo constante y no lo debemos naturalizar”, argumentó.
Desde la UCR y el Frente Cívico, Elisa Caffaratti y Martín Juez expresaron que a su criterio los proyectos de repudio eran ya extemporáneos, considerando que hubo admisión de error y promesa de rectificación por parte de Andis. Solo que no les quedaba claro si esa rectificación ya había sido concretada o estaba en vías de hacerse.
“La propia Agencia salió a aclarar y reafirmó su compromiso con una evaluación justa y transparente. Quedó claro que lo que pasó fue debido a burócratas que pasaron un documento sin entender el daño que provocaban. La voluntad de la agencia quedó explicitada ya en un comunicado oficial”, opinó.
“Tengo entendido que ya se manifestó la voluntad de derogar el baremo. No hace falta mencionar mi situación familiar para aclarar que rechazo los términos utilizados”, dijo, y propuso que el tema quedara en estudio hasta verificar que la derogación de la polémica resolución apareciera en el Boletín Oficial.
Finalmente, la Comisión aprobó por mayoría un despacho que expresa “preocupación y rechazo” a la resolución N°187, de Andis, firmada por el mencionado Spagnuolo, y que además “insta a su inmediata derogación”, por ser discriminatoria y atentar contra los derechos de las personas con discapacidad.
Juez acompañó, pero a título personal, y aclaró que su bloque fijará posición en el recinto. Caffaratti dijo que si bien no comparte para nada los términos del baremo, aclaró que ella y todo el bloque radical se expresarán al momento del tratamiento en el pleno del cuerpo.
