La Comisión de Servicios Públicos, presidida por Marcos Vázquez (HUxC), empezó a tratar de manera conjunta un total de 11 proyectos referidos al servicio de cuidadores de vehículos en la vía pública, más conocidos como “naranjitas”, en diversos puntos de la ciudad.
Vázquez mencionó que también están expectantes por la legislación que pueda aprobar la Unicameral, con la intención de adherir a la misma y generar también un ordenamiento municipal. “Queremos solucionar una problemática compleja. No podemos perder de vista que detrás de todo esto hay personas. Las soluciones no pueden ser digitales y quitar empleos”, dijo.
A continuación, se abrió una ronda de opiniones donde los ediles empezaron a sentar sus posiciones.
Soher El Sukaría (PRO) defendió el principio de “estacionamiento libre y gratuito”, y que donde deba ser pago lo sea “con un sistema trazable y transparente, sin tener que discutir con una persona física”.
Gabriel Huespe (Ciudadanos) diferenció entre naranjitas que piden pago “a voluntad”, los que están cooperativizados y los que cobran sin derecho, amenazan y dañan. Se pronunció a favor de capacitar y dar herramientas para inserción laboral a quienes no pueden estar en el sistema. “Acuerdo con la Pastoral Social en evitar la cultura del descarte. Mientras retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió.
Jéssica Rovetto (Cordobeses por la Libertad) dijo que cada vecino es libre de estacionar gratuitamente y que el Estado debe garantizar la seguridad. “No hay que contratar ni naranjitas, ni empresas”, afirmó y propuso un sistema de prohibición total.
Coincidió con ella Luciano Agüero Díaz (UCR), al reclamar: “Resolvamos el problema de los vecinos que están cansados de que los extorsionen. Después veamos la situación personal de esas 420 personas de las cooperativas, pero caso por caso”.
Su colega Verónica Garade Panetta (UCR) opinó que “una norma no solucionará los problemas de marginalidad” y demandó que “algún órgano municipal atienda los desbordes que se producen”, sin depender para eso de la policía.
Por su parte, Diego Casado (HUxC) pidió “no criminalizar la pobreza” y refuncionalizar el trabajo de los naranjitas nucleados en cooperativas autorizadas, de modo tal que sean “auxiliares de ordenamiento urbano”.
El radical Javier Fabre planteó que “como está, el sistema no funciona”. Propuso ir a un ordenamiento único, mediante apps para toda la ciudad. “El rechazo de la sociedad a los naranjitas se ha radicalizado”, cerró.
Desde la izquierda, Cintia Frencia cuestionó el eje de “prohibición y persecución” que plantean varios de sus pares y la estigmatización de los más vulnerables. “Estas 2 mil personas no representan el mayor problema de seguridad de la ciudad, como nos quieren hacer creer. Solo buscan en la calle su comida diaria. Prohibirlos no resuelve el problema. Hay más naranjitas simplemente porque no hay trabajo”, argumentó.
Finalmente, Nicolás Piloni (HUxC) admitió que el problema de los naranjitas “se ha desbordado” por la situación de pobreza generalizada. “No estoy a favor de la prohibición total, sino de una mirada social. Debemos separar y diferenciar a los que cumplen su labor, de los delincuentes que extorsionan a los vecinos. Los naranjitas pueden controlar el estacionamiento medido”, propuso.
