Se reunió hoy la comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y ratificó sus autoridades. Como presidente continuará el concejal Marcos Vázquez (HUxC); como vicepresidenta, Verónica Garade Panetta (UCR) y como secretaria, Jessica Rovetto Yapur.
La comisión contó con la presencia del secretario de Gobierno y Fiscalización de la Municipalidad, Rodrigo Fernández y el subsecretario de Movilidad, Eduardo Ramírez, para tratar el proyecto 12148/E/25 DEM P/O ESTABLECER EL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS.
La concejala Graciela Villata (Frente Cívico) solicitó que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Movilidad y mencionó que no encuentra ventaja en el establecimiento de la figura de fideicomiso ya que a su juicio no tendría acceso al mismo la Municipalidad.
Además, reclamó que debía estar contemplado también en el Marco Regulatorio el sistema de los trolebuses. Sugirió también agregar la derogación de la emergencia en el sistema.
La concejal Elisa Caffaratti (UCR) solicitó que se respondan los pedidos de informes presentados por los concejales sobre el funcionamiento del transporte urbano. Fernández comprometió que en la próxima reunión serían respondidos.
El funcionario dijo que el Marco tiene como objetivo la satisfacción del usuario del transporte: que pase el colectivo, que no se rompa y que el precio pueda ser accesible a todos.
El segundo pilar que contempla son las obligaciones de los prestadores y el tercer pilar es el control por parte del Estado.
Hoy la recaudación y el pago están en manos de un concesionario, que es una empresa privada, y que cuesta un siete por ciento del costo del boleto. Con este sistema, cada empresa tiene una demora de entre 24 y 72 horas para cobrar.
Según explicó Fernández, un fideicomiso acortaría esos tiempos y permitiría reducir costos, además de considerar también la confianza y experiencia de que esa cuestión quede en manos de una entidad como el Banco de Córdoba.
“Al tener la empresa una relación directa, el banco podría redundar en créditos para la compra de unidades, por ejemplo”, comparó Fernández.
El funcionario recordó que para cuando comience a funcionar la tarjeta Sube, el intendente Daniel Passerini gestionó que el fideicomiso sea a través de una entidad de Córdoba, y no con el Banco Nación, para que el dinero vuelva directo a la ciudad.
El subsecretario contó que el sistema de trolebuses tiene 4,1 trabajadoras por cada unidad, porque son concebidos como máquinas. “Ese sistema es específico de la mujer y así seguirá prestando el servicio, como fue concebido por el ex intendente Mestre”, sostuvo.
La concejal Caffaratti solicitó que los permisos precarios a prestatarias no sean por dos años y que no se derogue la ordenanza 12.146, hasta que no se apruebe la nueva ordenanza de pliegos de licitación del TUP.
El concejal Sergio Piguillém (UCR) pidió que la construcción de refugios esté dentro de las obligaciones de las empresas y que por lo menos haya un refugio seguro por barrio, en aquella parada donde se concentre mayor cantidad de usuarios.
Sobre este punto, Fernández dijo que quieren realizar una licitación para construir refugios en las paradas del transporte.