La Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia Municipal, presidida por Nicolás Piloni (HUxC) recibió aportes del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba en el debate de ese tema.
Participaron Juan Manuel Aráoz, secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba; el Dr. Lucas Crisafulli, ayudante fiscal de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión; el Dr. Marcelo Fenol, fiscal de Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional de la Provincia y coordinador de la Unidad de Investigación y Juicios de casos relacionados con tareas de cuidado de vehículos en la vía pública; y la Ab. Lourdes Quagliatti, fiscal del Distrito II, Turno 1° dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El debate giró en torno a la problemática de los naranjitas ilegales, con el foco puesto en definir reglas claras para esa actividad: sí estará permitida o no y bajo qué parámetros, y también en la necesidad de no solapar normas con el Código de Convivencia Provincial y la legislación que al respecto está por sancionar la Legislatura Unicameral.
Los funcionarios pusieron sobre la mesa datos útiles para encuadrar la discusión. Juan Aráoz precisó que en 2025, hubo en la ciudad 376 aprehendidos por cobro ilegal de estacionamiento, de los cuales 217 fueron imputados por delitos y 159 por infringir el Código de Convivencia. Y en lo que va de 2026, hubo 181 detenidos. “Es un problema de grandes urbes y que claramente está creciendo” remarcó.
Por su parte, la fiscal Quagliatti señaló que desde abril de 2024 a la fecha su Fiscalía, con dedicación específica a este tipo de delitos, resolvió 77 detenciones por delitos como amenazas, daños, coacción, de los cuales en solo dos casos estuvieron involucrados naranjitas que forman parte de cooperativas. También agregó que en todos los casos de detenidos, tenían antecedentes penales y problemas de consumos problemáticos.
Los funcionarios remarcaron la necesidad de lograr una norma aplicable en la realidad y sobre todo sostenible en el tiempo.
“Estamos llegando tarde, cuando ya se quebró el orden social mediante una contravención o delito. Tenemos que lograr una articulación efectiva entre la norma y su aplicación, porque peor que la ausencia de norma es tener una que no sea operativa. No podemos quedarnos en el intento, hay que actuar”, opinó el fiscal Fenol.
También se abordó el tema del solapamiento entre las normas municipales y provinciales y la importancia de dejar saldada esa cuestión. “Si actúa un policía y encuentra en flagrancia, el naranjita puede ser detenido, pero si la misma acción es detectada por un inspector municipal, la acción tiene otra consecuencia para el infractor. Estamos inclusive ante un problema frente al principio de igualdad ante la ley”, resumió Lucas Crisafulli.
El fiscal Fenol advirtió que el trabajo de los naranjitas mutó con los años, desde el cuidacoches que todos conocían, a gente que busca su sustento por esa vía, contra todo orden social. Mencionó que en la base del problema está el consumo de drogas y planteó que antes de pensar incluso en la inserción social laboral de los naranjitas ilegales convendría abordar primero sus problemas de salud mental.
Otro eje de debate fue no perder de vista que el bien mayor a proteger es la seguridad y mejor convivencia de 1,5 millón de ciudadanos que muchas veces son extorsionados o agredidos por naranjitas ilegales. “Hay que rediscutir qué se puede hacer y qué no, y que ese orden rija para todos”, insistió Aráoz.
Legislación General
Por su parte, la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes ratificó un convenio marco de cooperación entre las municipalidades de Córdoba e Inriville, con el objeto de articular acciones vinculadas a la modernización y al desarrollo sustentable y sostenible.