La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por Marcos Vásquez (HUxC) se reunió hoy para compatibilizar cuatro proyectos en debate sobre la regulación de aplicaciones de viajes. Se logró un despacho, que fue aprobado por mayoría, mientras que los bloques opositores se abstuvieron de votar, para definir sus posturas cuando el tema se trate en el recinto en sesión ordinaria.
El proyecto fija las condiciones por las cuales los servicios de transporte individual de pasajeros podrán sumarse al sistema integral y funcionar bajo pautas definidas por la Municipalidad de Córdoba, ya que hasta ahora venían haciéndolo de manera informal, sin encuadramiento legal.
Las empresas deberán inscribirse y acreditar su situación tributaria, mientras que los propietarios de los vehículos tendrán que inscribirse también, aportar certificado de antecedentes, documentación del vehículo, y póliza de seguro, entre otras exigencias.
El aspecto central de la regulación es que establece un cupo de coches: uno cada 375 habitantes, lo que arroja un total de poco más de 4 mil unidades habilitadas. Se calcula que actualmente circulan alrededor de 16 mil vehículos bajo esa modalidad.
También se habilita que los actuales prestadores del servicio de taxis y remises puedan sumarse al uso de las aplicaciones.
Respecto de la tarifa, se fija un sistema mixto, compuesto por un valor mínimo obligatorio que nunca podrá ser inferior al precio de un viaje en el transporte masivo de pasajeros; y un valor dinámico, fijado e informado al usuario antes de que tome el servicio.
Para los conductores se impone un tope de 12 horas diarias para estar al mando de un coche.
El cupo de vehículos fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición. La concejala Jéssica Rovetto Yapur, impulsora de una amplia desregulación para las apps, dijo que esa determinación la “decepcionó”, porque esperaba que se dejara librado al juego de oferta y demanda en el mercado. En similar sentido se expresaron sus pares Juan Balastegui (UCR) y Gabriel Huespe (Ciudadanos).
“La regulación por cantidad, saca de contexto el formato con el cual están funcionando hoy las apps. Debería regular el mercado. Lo que va a pasar es que en la práctica van seguir funcionando en la informalidad”, opinó Balastegui.
Por su lado, el presidente de la Comisión, Marcos Vázquez, argumentó. “Seguramente este despacho no cubre las expectativas de todo, pero buscamos un sano equilibrio, para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema. Tenemos muchas demostraciones de que el mercado no regula en favor de la gente”, destacó, tras insistir en que está primera regulación queda abierta a futuras correcciones.
Vázquez también recordó que esta norma es una respuesta a la demanda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó en su reciente fallo, planteando la necesidad de dar una salida regulatoria a las apps. “A las empresas, les indicó que se inscriban; y a nosotros, los concejales, que regulemos, y es lo que hicimos. Las empresas tuvieron la oportunidad de venir a hablar y hacer sus aportes, pero no lo hicieron”, recordó Vázquez.
Otro aspecto que se debatió mucho es si los choferes debían tener o no una póliza de seguro propia, considerando que las empresas propietarias de las apps ya cuentan con una cobertura. Algunos ediles consideraron que esa exigencia era redundante y que encarecía innecesariamente costos, pero otros insistieron en que había que garantizar la protección a los pasajeros en toda circunstancia. Se impuso este último criterio.
El proyecto tomará estado parlamentario en el recinto el próximo jueves, y luego se definirá la fecha en que será votado por el cuerpo en su conjunto.